Un intento de silenciar a dos fiscales
Dos Fiscales federales se atrevieron a desafiar al Presidente de la República, a los dos partidos mayoritarios, al Ministro del Interior y al Senado para mantener vigente la investigación sobre las "coimas" pagadas a fin de obtener la sanción de la ley de "flexibilización" laboral.
El Juez Liporaci, a cuyo cargo está el juicio penal por lo presuntamente ocurrido en el Senado, es investigado, a su vez, por enriquecimiento ilícito. Como era de prever, este Juez sobreseyó por falta de mérito a todos los imputados, aún antes de recibir respuesta a los diversos pedidos de informes efectuados al Poder Ejecutivo, es decir antes de terminar la investigación.
Lo menos que se puede decir es que el Juez actuó con apresuramiento arbitrario, cerrando un proceso que causa grandes malestares políticos.
Cuando los presuntos responsables parecían salirse con la suya, los Fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado apelaron el auto de sobreseimiento. Esta apelación mantiene vigente el proceso.
Es de recordar que por está causa renunció el Vicepresidente de la Nación quien luego, sin embargo, se sumergió en una pileta de "aguas de borrajas", además de nadar en las playas brasileñas, de pasear por las montañas de Villa La Angostura y de jugar al tennis o al squash en diversos establecimientos capitalinos.
Tan pronto se conoció la apelación, De la Rúa convocó a una conferencia de prensa y dijo:
"Todo lo que sea investigación judicial, esclarecimiento de la verdad es importante. Pero lo que sea politización de una cuestión tan grave, es negativo".
Y agregó: "En alguna parte ellos (los Fiscales) se refirieron a la opinión pública como determinante de las investigaciones judiciales, lo que desde el punto de vista judicial no responde a los parámetros que se deben seguir".
Por su parte el Ministro del Interior Federico Storani, superior jerárquico de la Policía Federal y responsable del orden público, agregó una sarta de barbaridades, calificando la apelación como "imputaciones al voleo, genéricas, que instalan un manto de sospecha ... es un Fiscal poco serio, desde mi punto de vista" ("La Nación" 2/2/2001, pág. 5, cols. 3 y 4).
Posteriormente, asustado de su propia incorrección, De la Rúa intentó minimizar sus palabras, declarando:
"Se han malinterpretado mis palabras sobre los Fiscales federales. Nunca he dado ninguna opinión contra ellos ni contra ningún Juez porque respeto la independencia de los Poderes" ("La Nación" 4/2/2001, pág. 8, col. 1).
¿Respeto? ¿Tergiversar el texto de la apelación, adjudicarle una intención política e indirectamente presionar a la Cámara de Apelaciones que debe decidir, es demostrar "respeto a la independencia de los Poderes"?
Lo que demuestran las interferencias presidencial y ministerial es un intento de colocar todo el peso del Estado detrás de la evidente intención de que el sumario penal por los sobornos en el Senado sea sepultado en el más completo olvido.
Posteriormente, algunos diarios pusieron en la picota a los dos Camaristas que deben resolver, presentándolos prácticamente como dos criaturas del menemismo y, encima, de mala fama. ("La Nación 3/2/2001, pág. 8, Col 4.
A su vez el viejo zorro de Alfonsin, acompañado del presidente del Senado y segundo en la sucesión presidencial, Mario Losada y del "monje negro" del alfonsinismo y Secretario del Comite Nacional de la UCR, Enrique Nosiglia, calificaron la apelación de los Fiscales en forma despectiva diciendo que padecía de "precariedad argumental" y de "confusas conjeturas políticas" ("La Nación" 3/2/2001, pág.8 col.1).
Más tarde el partido peronista, representado por el Senador Gioja, presidente del bloque en el Senado y acompañado por otros dos integrantes del cuerpo, atacaron también la apelación de los Fiscales alegando que "lejos de basarse exclusivamente en la prueba reunida, han ingresado en generalidades abstractas y en juicios de valor injustificables cuando señalan la existencia de una 'prolija empresa criminal' entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores" ("La Nación" 7/2/2001).
Conspicuos representantes de la corporación política, sospechada de corrupción, están contra los Fiscales y esto, a vista y paciencia de la ciudadanía argentina...
Es algo increíble... ¿Será que estos señores están tan convencidos de la impunidad de los responsables de este escándalo nacional que se atreven a jugarse de este modo en su defensa? ¿Y quiénes son esos responsables? ¿A qué nivel del poder se detiene la sospecha?
Por mi parte, dada la magnitud de los resortes políticos que debieron movilizarse para pagar los sobornos, en caso de que hubieran existido, no tengo dudas de que las sospechas deben llegar hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo.
En vista de este ataque general contra los Fiscales por parte de personajes tan dudosos les solicité una copia de la apelación que tuvieron la amabilidad de proveerme y que publico como documento anexo de este artículo.
He analizado la apelación y debo decir a los lectores de "La botella al mar" que, en general, me parece muy buena y muy bien fundada. Los lectores de esta "Botella" podrán leerla en el documento anexo y asi podrán comprobarlo personalmente.
El intento de De la Rúa y otros de descalificarla por ser una "politización de una cuestión tan grave" no vale nada. Como bien dijo el Fiscal Federico Delgado: "Se trata de un delito político, denunciado por políticos y que tuvo por objeto una hecho político: la sanción de una ley" ("Clarin" 3/2/2001 pág. 5, col 1). Consecuentemente, para determinar si hay "elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso" y que éste es culpa del acusado (lo cual, según el art. 306 del Código Procesal de la Nación es suficiente para abrir un proceso penal) es necesario analizar las circunstancias políticas en que el delito ha sido presumiblemente cometido.
He numerado al margen de la apelación los párrafos que brevemente comentaré en este artículo.
Como los lectores podrán ver, en los párrafos numerados como 5 i) al 5 x), se analizan los antecedentes que configurarían el motivo que tuvo el Gobierno para tentarse de pagar un soborno a los Senadores. Estos motivos, obviamente, son todos políticos y constituirían el trasfondo fáctico que habría motivado a los presuntos autores del delito.
Luego, traen a colación el testimonio de los Sindicalistas Moyano, Viviani y Palacios sobre los dichos del Ministro de Trabajo, Flamarique: "A los senadores los arreglo con la Banelco" (6).
Señala, posteriormente, que consta en el sumario penal que el Secretario de la SIDE, Sr. Santibañes, pidió $50.000.000 para "reformar la Secretaría" (8) y que le fueron otorgados $30.000.000 mediante un decreto reservado del 14/7/2000 que el Dr. Terragno, Jefe de Gabinete se negó a firmar. Este decreto fué publicado el 5 de Octubre del 2000 (?), momento en que el Ministro Terragno renunció a su cargo (9). Este fondo, según presume el Fiscal, puede tener relación con el pago de los sobornos.
Después señalan los fiscales diversos retiros en efectivo efectuados por la SIDE en fechas coincidentes el supuesto pago de los sobornos ($ 1.500.000 el 11 /4/2000 y $ 5.000.000 14/4/2000) (14).
Mencionan los Fiscales la reticencia del poder Ejecutivo en responder a los pedidos de informes y aún la falsedad y ocultamiento de algunas respuestas (15).
En cuanto a la responsabilidad personal de los senadores cuyo procesamiento solicitan, los Fiscales hacen mérito de las comprobaciones efectuadas sobre la forma en que funcionaban los bloques peronistas y radicales bajo el comando, respectivamente, de Alasino y Genoud; la confesión de Cantarero, ante una periodista; la estrecha vinculación entre Alasino y Constanzo y sobre el proceder de los demás imputados respecto a la ley en cuestión (18, 19, 20 y 21).
En resumen, los Fiscales, a mi juicio, han logrado demostrar que existen indicios suficientes para sospechar que el delito fué cometido y que no corresponde en absoluto cerrar el proceso ni sobreseer por falta de mérito, sino que debe continuarse la investigación. El asunto es demasiado grave como para taparlo. Reservan el caso federal por arbitrariedad de sentencia.
No me cabe duda de que esta corruptela va mucho más allá que el episodio concreto investigado, que viene de larga data y que los sobornos circulan a lo largo y a lo ancho de grandes sectores de los tres Poderes. Sobornos en efectivo o sobornos en forma de favores de otro tipo; y que, además, existen organizaciones capaces de intimidar a los funcionarios y obligarlos a actuar de una manera u otra.
Si no se pudiera recurrir a las presunciones y a los indicios para probar estos delitos secretos, no hay duda de que permanecerían siempre impunes.
El coraje y la inteligencia de estos Fiscales consiste, precisamente, en haberse atrevido a construir racionalmente una inteligente argumentación basada en indicios sentando así un precedente capaz de causar alarma en esa vasta red de corrupción que nos oprime.
Por eso, felicitaciones a los Fiscales.