Programa simple para una situación difícil (I)
Supongamos, por absurdo, que hubiera un buen gobierno en la Argentina y que me nombrara ministro de economía, a pesar de que no soy economista.
Esto último no es tan absurdo porque ya dijo Clemanceau: "La guerra es algo demasiado serio para dejarla en manos de los militares". El mismo principio vale para la economía, que es demasiado seria para dejarla en manos de los economistas.
¿Qué haría un argentino, que no es economista, en ese hipotético y remotísimo caso? Dejando de lado los aspectos técnicos de ejecución que los especialistas, obviamente, deberán completar, el esquema de lo que haría es el siguiente:
1) Partiría de la base de que la Argentina, a pesar de sus complejos problemas, es un país sano, fuerte y rico y que la economía tiene como objetivo primordial el bienestar general y como regla suprema, la justicia.
La dirección de la Economía debe resolver una multitud de problemas de todo tipo en los cuales está involucrada tanto la justicia conmutativa (que exige igualdad en las prestaciones), como la justicia distributiva (que atiende al derecho de todo integrante de una sociedad a recibir de ésta lo necesario para una vida digna, a cambio del aporte que le sea posible a la vida social). Y debe resolverlos trabajando activamente. La función pública es un acto de servicio.
2) Exigiría también que todos los funcionarios dependientes del Ministerio de Economía tuviesen abiertos sus despachos para recibir a cualquier persona del público que quiera exponer sus quejas y peticiones. El funcionario debe dedicar una parte de su día de trabajo a atender a los administrados. No puede ni debe encerrarse en una torre de marfil.
Además de oir a la gente debe empeñarse seriamente en resolver sus problemas. No se trata de que lo que oye le entre por una oreja y le salga por la otra...
3) El Estado no es el motor de la economía sino apenas el garante de la libertad de trabajo y de la igualdad de oportunidades para todos.
Por eso, debe promoverse una ordenada liquidación de los emprendimientos comerciales que tiene el Estado que puedan ser realizados por los particulares y sólo se ocupará de aquellos servicios públicos que los particulares no puedan realizar a un precio accesible para todos, o sea, debe aplicarse el llamado "principio de subsidiaridad".
Desde luego, esa liquidación no se haría en la forma en que se hicieron las privatizaciones en la década infame menemista, ni todo lo que se privatizó en ese entonces debía serlo. No necesito entrar en detalles. Simplemente ese será el modelo de lo que NO se debe hacer.
El Ministerio es el árbitro en los conflictos que puedan surgir entre los intereses particulares cuando su solución depende del Estado pero no llegan a convertirse en pleitos judiciales.
Fundamentalmente, se trata de garantizar la libertad de trabajo y la estabilidad de los derechos.
Son enemigos de esta libertad y estabilidad los grupos monopólicos y los conglomerados económicos gigantes que están en manos de particulares pero que no son verdaderamente propiedad privada (ver "La "Botella al mar" nro. 105 del 28/2/2001) sino que están en manos de sus gerentes, que no actúan con mentalidad de propietarios sino de políticos en pugna por el poder que otorga la gestión de esos grandes centros de riqueza.
Me dedicaría a desalentar esos conglomerados y a fomentar su fraccionamiento entre sus accionistas, neutralizando la influencia política de los Gerentes y Directores e impidiendo que aprovechen su preeminencia en la gestión de esos bienes ajenos para apropiarse de ellos.
4) Como consecuencia del incentivo a la propiedad privada genuina y diversificada y con la participación de todas las personas emprendedoras que haya en el pais, y no solamente de los grandes grupos económicos manejados por gerentes todopoderosos, se producirá necesariamente una reactivación de la economía y una drástica reducción del indice de desocupación.
Para liberar efectivamente las fuerzas productivas del pais se deben suprimir todos los reglamentos y permisos superfluos exigidos por el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.
Habrá que ser sumamente severo con cualquier funcionario público que pretenda hacer depender de algún favor personal, el otorgamiento de algún permiso o la realización de algún trámite oficial. Igualmente con los funcionarios que demoren innecesariamente cualquier trámite.
Para esto el Ministerio deberá contar con la colaboración de los gobiernos de provincias, si es que éstos desean que en su territorio se instalen nuevas actividades económicas o que se desarrollen las existentes. Si algún gobierno de provincia fuera recalcitrante y fuese notoria la venalidad de su administración pública, esa provincia sería intervenida.
5) Una moneda sana y de valor constante es condición básica para el funcionamiento de cualquier economía.
Para tenerla es fundamental que el gobierno no emita dinero inflacionario y que los Bancos, que intermedian entre la oferta y la demanda de dinero, fomenten el ahorro asegurando una debida retribución a los ahorristas y la garantía de su recupero y faciliten el acceso al crédito a tasas de interés no usurarias, sin discriminaciones.
Como los Bancos son pocos y es fácil que se concierten en forma implícita para pagar bajas tasas de interés a los ahorristas y cobrar altas tasas de interés a los tomadores de préstamos, que es lo que hoy ocurre, obteniendo así enormes ganancias financieras, el Ministerio debería limitar el llamado "spread" o margen entre las tasas pasivas y las tasas activas.
El crédito debería estar adecuadamente distribuido entre las pequeñas, medianas y grandes empresas de manera que todas tuvieran financiación bancaria a costos razonables.
Se limitaría la adquisición de títulos públicos por parte de los Bancos para que no sequen las fuentes de financiación a la actividad privada.
En cuanto a la "convertibilidad", creo que es un absurdo que se ha tornado un problema casi insoluble.
Si hubiera devaluación, el peso, que está artificialmente sobrevaluado, perdería rápidamente todo valor porque los argentinos no creen en la lealtad de los gobiernos y no creen que cumplan con el compromiso de no emitir. El valor de la moneda resulta de la disciplina en la emisión más la confianza del pueblo.
Si se mantiene la paridad 1 a 1, no habrá inversiones ni exportaciones no-tradicionales, porque es un valor irreal.
Cuando Cavallo impuso esta equivalencia, lo hizo arbitrariamente, cometiendo varias injusticias en el proceso. Y después la sostuvo y obligó a sus sucesores a sostenerla, con préstamos externos crecientes.
Para salir de esta trampa es necesario primero recuperar la confianza del pueblo. Esto no se obtiene con "shocks", como ineptamente se dice. Con un "shock se puede perder la confianza, pero no ganarla. La confianza se gana con años de fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Por eso, los políticos actuales no tienen posibilidad alguna de ganarse la confianza del pueblo.
Si fuera Ministro de Economía y este plan se pusiera en práctica, creo que serán evidentes para todo el pueblo las razones para tener confianza. A partir de esto, se puede aplicar una política monetaria que mantenga inalterablemente el valor de la moneda, puertas adentro, pero sin atarse a tipos de cambio fijos puertas afuera. El progreso y la riqueza crecientes del país harán valer nuestra moneda en el mundo y le asegurarán un buen tipo de cambio.
No son recomendables los tipos de cambio "oficiales" pues generan inmediatamente un tipo de cambio "negro" supuestamente libre en el cual no se paga sólo el valor real de la moneda sino también una prima por la ilegalidad de la operación.
6) El Estado debe ser reducido al mínimo necesario pero de alta calidad.
Todos los funcionarios que no acrediten idoneidad (que incluye capacidad, honestidad, diligencia y benevolencia en el trato con el público) serán despedidos con causa. No se trata de despedir a los "viejos" que muchas veces suelen ser los más eficientes. Un empleado antiguo que cumple esas condiciones tendrá estabilidad y un empleado nuevo que no las cumpla, será despedido.
Para informarme quién es quién en la administración pública y poder seleccionar los buenos funcionarios tendría "exploradores" de confianza y de incógnito, haciendo trámites en todas partes y clasificando a los empleados públicos. Estos serán oídos y podrán defenderse antes de cualquier decisión a su respecto.
(Termina en LBM #111)