Ya es indispensable un gabinete de crisis, una reforma política en serio y una reducción justa del gasto público, sin Cavallo

Cosme Beccar Varela 

LBM #194

12/7/2001

Si un particular causa un daño a otro por su culpa, debe indemnizarlo. En cambio, si un político inepto o deshonesto, daña al país entero dolosamente o por su culpa, a nadie se le ocurre que debe indemnizar. Sin embargo, es de elemental justicia que ese político debe pagar los daños, por lo menos hasta concurrencia de todo su patrimonio.

El problema es que la culpa de un político es analizada por otros políticos que generalmente tienen "ésprit de corps" y nunca un bombero pisa la manguera de otro bombero...

Frente a la crisis de nuestra Patria, con las graves consecuencias que ya se ven y las que todavía no se ven pero ocurrirán inexorablemente, me pregunto si los políticos responsables de ella, los anteriores y los actuales, no deberían responder con sus patrimonios personales.

Está de moda entre los políticos despotricar contra la "evasión", pero no hay evasión más odiosa que ésta de eludir las consecuencias del desempeño inepto o deshonesto de los cargos políticos.

Es claro que no cualquier error en el ejercicio de la función pública obligaría a indemnizar, sino solamente la comisión de actos dañosos por dolo o negligencia.

Si hubiera un Ministro idóneo para su cargo que desempeñara sus funciones laboriosamente y de buena fe, que por circunstancias adversas o por error inevitable, se equivocara al tomar una decisión y eso trajera consecuencias lesivas para el país, en esos casos no hay responsabilidad exigible contra aquel Ministro.

El dolo de un funcionario público al realizar un acto está claro en qué consiste: es realizarlo con una intención diferente del interés público al cual debe servir. Esa intención puede ser servir al partido, sus intereses personales o una ideología, favorecer a un amigo o satisfacer un odio personal o lograr una retribución pagada por el interesado.

La culpa puede ser "ab initio" y consiste en aceptar un cargo para el que se sabe o debería saberse, incapaz. A partir de esa aceptación indebida de una designación, todos los actos inadecuados que realice en el ejercicio de ese cargo, serán culpables.

Puede ser también que el político sea apto, pero no se aplique a su tarea con la debida diligencia, por ejemplo: que no elija colaboradores eficientes y aptos; que no le dedique el tiempo necesario a su trabajo; que se distraiga haciendo política en los momentos en que debería estudiar los asuntos; que resuelva precipitadamente sin el debido análisis; que se deje llevar por pasiones cuando se exige serenidad en la observación y en el raciocinio; que no reúna la información necesaria para conocer los términos de un problema antes de resolverlo, etc.

En los casos de culpa y, con más razón, de dolo, el político debe pagar las consecuencias nocivas de sus actos.

En vista de lo que antecede, considero que la crisis argentina la deben pagar los presidentes, por lo menos de los últimos 25 años, sus Ministros de economía y todos los funcionarios y legisladores que hubieran intervenido en las decisiones que están en el origen y en el desarrollo de esta crisis.

En vista de esto considero que el ajuste anunciado por el fracasado Ministro Cavallo ha sido injusto, insuficiente y arbitrario y lo hace responsable, una vez más, de sus consecuencias.

Para darse una idea de la irracionalidad de Cavallo, éste viene masticando la idea de PRENDAR TODA LA RECAUDACION FISCAL EN FAVOR DE LOS ACREEDORES EXTERNOS DEL PAIS y sólo no la ha llevado a cabo porque ocurrió este "accidente" de la revelación pública de la crisis.

* * *

Independientemente de hacer valer las responsabilidades contra quienes les quepan, la crisis está ahí. La Argentina está quebrada, la desocupación es enorme y la "convertibilidad" está a punto de explotar.

Por lo tanto, debemos encontrar soluciones y aplicarlas en defensa del bien común de nuestra Patria.

He propuesto aquí distintas soluciones para los diversos problemas que nos aquejan pero hoy, ya que se trata de la ineludible necesidad de reducir el gasto público, sin aumentar los impuestos, y de llegar al "deficit cero", como dijo el desaprensivo y perpetuo Ministro de Economía, he creído que sería útil proponer un plan integral para esta circunstancia.

En vez de reducir los salarios y jubilaciones y de hacer una quita unilateral en la deuda del Estado con sus proveedores (idea ésta que sólo se le puede ocurrir a una persona carente de todo sentido de equidad) propongo hacer el ajuste del gasto público que paso a exponer.

Antes de que empiece a leer lo que sigue quiero advertirle, estimado lector, que este plan de ajuste exige, inteligencia, sentido de justicia, laboriosidad y estudio.

Es decir, no puede ser llevado a cabo por el Ministro Cavallo ni su equipo, ni por los politiqueros de la Alianza o del peronismo.

Lo primero que exigiría este plan es que el Presidente De la Rúa se decidiera a poner en marcha la reforma política que propuse en los nros. 82, 83 y 84 de este diario y amplié con sugerencias prácticas en mi carta abierta al Presidente de la República de 16/5/2001 (nro. 156).

Debería pedirse la renuncia de todos los Ministros y designarse un Gabinete de Crisis compuesto por cinco Ministros ajenos a la política partidaria, inteligentes, activos y valientes, personalidades honorables, cuya función sería poner en marcha esa reforma y resolver la crisis con medidas heroicas pero justas, sin generalizaciones arbitrarias y con un estricto respeto de los derechos individuales.

Las carteras de los Ministros de crisis serían las siguientes:

a) de Relaciones Exteriores, que tendrá a su cargo las tareas tradicionales de esta cartera y además la atención de las relaciones con los organismos financieros internacionales y demás acreedores externos del país;

b) de Interior y Justicia, que será responsable de la seguridad de los ciudadanos , del combate y la delincuencia , de la paz interior y del correcto funcionamiento del poder judicial;

c ) de Ordenamiento Administrativo y Cuentas Públicas, que se ocupará de sanear la administración pública, de hacerla funcionar como debe y de llevar las cuentas del Estado;

d) de Educación que tendrá a su cargo el mejoramiento de la enseñanza en todos los niveles y la aplicación de la ley de radiodifusión con el control de la radio y la televisión y

e) de Obras y Servicios Públicos que se ocupará del mantenimiento de los servicios públicos en estado óptimo y de las nuevas obras que sean indispensables.

Las Fuerzas Armadas continuarán con su actual estructura, sólo que sin Ministerio de Defensa.

El ajuste que propongo sería el siguiente:

1) Cobrar las deudas por cánones y otras prestaciones pendientes de los concesionarios adquirentes de servicios públicos privatizados. Sólo Aeropuertos y Correo Argentino deben aproximadamente $500.000.000.

2) Recuperar los fondos mal habidos por lo funcionarios públicos de los últimos 25 años, empezando por los más recientes. Es imposible calcular el monto de esta masa de dinero pero tomando como base tres fondos sospechosos de ser canales de "lavado de dinero", podríamos estimarlo aproximadamente en $10.000.000.000.

3) Aplicar un impuesto especial extraordinario por dos años a las empresas privatizadas que hayan recuperado más del 200% del capital invertido en los años transcurridos desde la privatización, con una tasa del 35% anual sobre utilidades, después de deducido el impuesto a las ganancias sobre las utilidades realizadas. Además, un impuesto al patrimonio actual en cuanto que exceda el 200% de la inversión original a una tasa del 10%, por única vez.

4) Depurar la deuda externa (ver nros. 110 y 111 de este Diario) y reducir los intereses de la deuda legítima y exigible. Suponiendo que toda la deuda fuese legítima y considerando que se pagan por año aproximadamente $11.000.000.000 de intereses, reduciendo en un 20% la tasa, se puede obtener un ahorro de $2.200.000.000. Es de señalar que según noticias de hoy, Wall Street ya está trabajando con la hipótesis de que la Argentina caería en cesación de pagos, de manera que los acreedores no pueden ignorar que deben tratar a nuestro país, por lo menos, con las mismas consideraciones con que en derecho comercial se trata a los concursados. Cuando un deudor se presenta en concurso de acreedores dejan de correr los intereses en su contra (art.19 de la ley de concurso nro.24.522). La noticia de Wall Street dice: "Los analistas de Wall Street ya hablan abiertamente de la cesación de pagos y sólo se preguntan cuándo se hará el anuncio de la reestructuración forzada de la deuda" ("La Nación", 12/7/2001, pag. 11, 1ra. col. ).

5) Pagar en bonos los sueldos de todos los funcionarios políticos y legisladores, como bien propone el lector Sr. Arturo Luis Ochoa en este diario y a los jubilados jóvenes que gozan de ese beneficio por el simple hecho de haber desempeñado durante poco tiempo un cargo político. Este ahorro sería aplicable únicamente durante el tiempo que tarde en ser aplicada la reforma política.

6) Sanear la administración pública despidiendo a todos los "ñoquis", y a los empleados deshonestos, a los perezosos, a los incompetentes, a los inútiles y a los que no respeten al público. Hay 250.000 empleados públicos nacionales y 1.400.000 empleados públicos provinciales y municipales ("Clarin", 12/7/2001). No es difícil imaginarse que por lo menos el 30% de estas personas cae en algunas de las clasificaciones antedichas. Como el costo de estos empleados es de $30.000.000.000 anuales , el ahorro sería de $9.000.000.000 por año. También se suprimirán los autos oficiales que utilizan los funcionarios del Estado, excepto los del Presidente de la República, Ministros del Poder Ejecutivo y Comandantes de las Fuerzas Armadas.

7) Reducir el número de los legisladores a la mitad, aproximadamente, y en el caso del Senado abolir un Senador por provincia. Exigir que todos los cuerpos colegiados sean verdaderos Parlamentos que sesionen diariamente en forma pública. Con eso disminuirá notablemente la necesidad de empleados y auxiliares que trabajan para las comisiones que también deben ser suprimidas. Cada proyecto de ley será informado por su presentante y distribuido con anticipación para su análisis por todos los legisladores.

8) Suprimir todos los gastos reservados de los tres poderes.

9) Cancelar todos los proyectos de obras públicas nuevas excepto aquellas que sean juzgadas indispensables para prevenir calamidades, atender la salubridad pública o mantener los servicios públicos en buen funcionamiento.

10) Reducir el presupuesto de las Universidades Nacionales en la forma propuesta por el ex-Ministro de Economía López Murphy.

11) Fijar aranceles aduaneros que encarezcan importaciones superfluas, de mero entretenimiento o de productos que anteriormente se fabricaban en el país para alentar la recuperación de las industrias cerradas por la competencia de los productos importados. Con esto podría aumentarse el saldo favorable de la balanza comercial de pagos (cosa que será indispensable por la pérdida de nuestro crédito externo), se favorecerá la reactivación de la industria y aumentarán los puestos de trabajo.

12) Reducir los impuestos, especialmente los que gravan los salarios y el trabajo profesional. Con esto se fomentará la capacidad de ahorro y de consumo de la población.

* * *

Los números de este proyecto son aproximados. Lo que me interesa señalar es el concepto y sobre él espero la opinión y correcciones de los lectores. Si algo así se aplicara, creo que la Argentina podría iniciar firmemente el camino de la recuperación. En un plazo aproximado de dos años, podría renovarse totalmente la clase política, reducirse el gasto público drásticamente, bajar los impuestos y reactivar la economía.